La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció la existencia de un patrón sistemático de represión en Venezuela, donde el sistema penitenciario no solo se utiliza para el aislamiento, sino como un mecanismo de «aniquilación» de la disidencia. Con el reciente deceso de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra de prisioneros políticos fallecidos en manos del Estado se elevó a 27.
El oscuro caso de Víctor Hugo Quero: Contradicciones y sospechas
La muerte de Quero ha desatado una ola de indignación debido a las versiones encontradas entre los entes públicos. Mientras su familia y diversas ONG exigían fe de vida durante meses, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó que el recluso murió en julio de 2025.
Sin embargo, JEP reveló una inconsistencia crítica: el 24 de octubre de 2025 (tres meses después de la supuesta fecha de muerte), la Defensoría del Pueblo aseguró oficialmente a la madre del detenido que su hijo seguía con vida y recluido en el centro penitenciario Rodeo I.
Patrón de desaparición forzada
Para la ONG, el ocultamiento de información y la falta de transparencia institucional son características compatibles con el delito de desaparición forzada. La organización exige una investigación verificable que explique cómo es posible que un organismo del Estado reporte como «detenido» a alguien que, según otro ministerio, ya había fallecido meses atrás.
Un historial de muertes bajo custodia
Entre los nombres citados como antecedentes emblemáticos destacan:
• Fernando Albán (2018)
• Rafael Acosta Arévalo (2019)
• Raúl Isaías Baduel (2021)
El caso de Quero se suma a una lista de víctimas que incluye figuras de alto perfil y ciudadanos comunes fallecidos en sedes del Sebin, DGCIM y cárceles comunes como Tocuyito y El Helicoide.
Con información del: El Pitazo/La Revista del Tuy
